Las fronteras del tratado eran mucho más pequeñas que las de hoy.
En 1824, un segundo tratado cedió la isla entera a la Compañía Británica de las Indias Orientales. El sultán y el Temenggong recibieron pensiones vitalicias. La operación no era rara en el mundo malayo de la época, pero fijó un marco de consecuencias largas: la separación completa entre la propiedad de la tierra y la soberanía, y su traspaso.
El tratado dejó sin resolver a quién pertenecía realmente el suelo. Los habitantes de los kampong —las aldeas tradicionales— cultivaban, pescaban y recogían caucho desde generaciones sin conocer la noción de escritura de propiedad. Con el catastro británico, grandes extensiones de uso consuetudinario pasaron a definirse como tierra de la Corona o tierra sin dueño.
Ese régimen llega hasta hoy. Más del 80 % del suelo singapurense es propiedad del Estado, por expropiación, relleno y compra. De ahí viene la capacidad de ejecución del gobierno en planificación, vivienda e infraestructura, y también la base material de la política de HDB, del trazado del metro y de los grandes proyectos de ganancia de terreno al mar.
Sin entender esto no se entiende cómo Singapur pudo redibujar una isla entera en una generación. No es un problema de eficacia administrativa. Es un problema de estructura de la propiedad.